Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y profesor del Departamento de Derecho de la Empresa en dicha universidad. Miembro de Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional.
Autor de diversos libros y artículos sobre distintas cuestiones relacionadas con las EMPRESAS TRANSNACIONALES, los derechos humanos, la RSC y la crisis de los sistemas normativos.
Las reflexiones que siguen a continuación profundizan en la entrevista que Chus García me realizó en La Marea hace unas semanas.
El capitalismo atraviesa desde hace tiempo una profunda crisis, que se puede resumir en un inmenso excedente financiero con escasas expectativas de reproducción, y, por otro lado, en la incuestionable merma física en la que opera el sistema.
El capitalismo, que ha rebasado con creces los límites biofísicos del planeta, se transforma en puro expolio territorial. A la vez, el sistema financiero especula con la propia existencia y dispone de un poder que le permite expropiar lo que ya existe. En realidad, todos los sueños de la globalización no caben en un planeta profundamente dañado, y como dice el economista José Manuel Naredo, avanzamos hacia una catástrofe silenciosa, que, me temo, cada vez es menos silenciosa.
El coronavirus está actuando como disparador de la verdadera crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Cae en terreno abonado. Sin duda, la crisis sanitaria se va a utilizar para fortalecer a las élites y profundizar en la desigualdad.
Tras el crash de 2008 se ha ido consolidando la tendencia por la que los gobiernos deben acatar “normas inviolables” que sustraen las reglas del mercado al control de la democracia representativa. Se trata de aprobar y constitucionalizar una serie de límites no negociables por la soberanía popular. De esta manera la democracia se convierte en un procedimiento de designación de gobernantes, cuyas decisiones quedan constreñidas por una armadura jurídica infranqueable al margen de la alternancia electoral. Son normas que permiten al mercado actuar sin límites y garantizar la acumulación de riqueza por parte de las grandes corporaciones transnacionales.
Desde esta perspectiva, se ha instaurado una “constitución económica” que se ha impuesto —en la mayoría de las ocasiones, sin apenas oposición por parte de los gobiernos— a los poderes ejecutivo y legislativo, sometiendo la voluntad popular al sistema económico capitalista. Por su parte, el poder judicial queda vinculado a la interpretación de esta constitución y, a su vez, va transitando de garante de los derechos de la ciudadanía a censor de la soberanía popular. Con todo ello, las instituciones que emanan de la democracia liberal ya no resultan funcionales a los intereses de las élites, y eso abre nuevos espacios de poder y arquitecturas institucionales muy alejadas de los principios democráticos. La crisis civilizatoria actual conlleva un endurecimiento en la manera de ejercer el poder y el coronavirus agudiza este contexto.
El sistema capitalista es estructuralmente muy violento y, además, utiliza la pedagogía de la sumisión como forma de trasladar los valores hegemónicos de dominación de las élites a la mayoría de la población: el individualismo, el miedo, la guerra entre pobres, la competitividad, son algunos de ellos. Por ejemplo, en EEUU las autoridades intentan culpabilizar a las personas de la crisis sanitaria por no haber contratado un buen seguro médico privado.
El estado de alarma se mueve en estas arenas movedizas, de ahí que su aprobación por la urgencia sanitaria exija un control escrupuloso de las fuerzas de orden público y una tutela de los derechos de la ciudadanía. Se requiere reactivar mecanismos específicos para la observación de los excesos policiales. Por otro lado, el papel cada vez de más relevante de los militares es un verdadero disparate.
También nos debe preocupar el encadenamiento de medidas recogidas en el estado de alarma, las reguladas en la Ley Mordaza y en otras leyes de excepción, que van a permitir un caldo de cultivo para la criminalización de la disidencia y de la protesta.
Por último, el control de los movimientos de la población, el seguimiento de personas contagiadas o la identificación del riesgo abren espacios de reflexión sobre un nuevo autoritarismo neoliberal y un espacio neofascista.
El debate actual sobre los derechos es que vivimos una ofensiva mercantilizadora a escala global, en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se exacerban. Se instaura así un modelo donde las grandes empresas amplían exponencialmente su poder.
Estas ponen en cuestión la propia democracia liberal-representativa, y aspiran a un gobierno corporativo de facto, vía la privatización y de las instituciones democráticas. El resultado es una progresiva destrucción de la soberanía popular y la captura de países y territorios como si formasen parte de la organización interna de las grandes corporaciones.
En este marco, las personas se están convirtiendo en una mercancía más, y por tanto, susceptibles de ser desechadas. Se agudiza de este modo la asimetría normativa que protege los derechos de las corporaciones transnacionales y el capital financiero, con reglas de obligado cumplimiento y con tribunales privados que aplican las mismas con una eficacia absoluta.
Mientras tanto, los derechos humanos se mueven entre la fragilidad de las normas internacionales, las recomendaciones de los comités encargados de su aplicación, y la impunidad de los gobiernos ante el incumplimiento de los textos convertidos en simple retórica.
La inversión de la pirámide jurídica internacional es urgente e imprescindible y se requiere una nueva codificación normativa que exprese claramente que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos –incluido el Derecho Internacional del Trabajo, el Derecho Internacional Ambiental y el derecho a una vida libre de violencia machista– es jerárquicamente superior a las normas de comercio e inversiones, nacionales e internacionales, por su carácter imperativo y como obligaciones erga omnes, es decir, de toda la comunidad internacional y para toda la comunidad internacional.
El coronavirus ha puesto encima de la mesa el debate entre la salud como derecho universal o como objeto de negocio.
Y también ha dejado muy claro que la búsqueda de la vacuna extrema la competencia entre países y empresas en lugar de la cooperación, es decir, prima el lucro frente al derecho humano a la salud. Las patentes están en el vértice jurídico de la jerarquía normativa.
No podemos olvidar que la disputa por la escasez de materiales y fuentes de energía es uno de los conflictos más graves en la crisis actual de acumulación y de crecimiento económico.
Por otro lado, nos vamos a encontrar con la muerte de miles de personas en los países empobrecidos. No podemos mirar hacia otro lado o alegar que tenemos muchas dificultades económicas en nuestros países. El neocolonialismo tiene forma de empresas transnacionales europeas y reglas de comercio e inversiones que provocan que el flujo de dinero de los países ricos hacia los países pobres sea infinitamente menor al establecido en sentido inverso. La UE tiene la obligación política de involucrarse en la solución la crisis sanitaria en todos esos países empobrecidos.
Las instituciones y los gobiernos de la Unión Europea están dejando morir a las personas racializadas y pobres en el Mediterráneo. Los dirigentes se arrogan el derecho a decidir quién tiene importancia y quién no, quién es fácilmente sustituible y quién no. La muerte y la destrucción de seres humanos se ha convertido en núcleo esencial del sistema.
En la gestión del coronavirus nos encontramos con situaciones tremendas, como la de personas encarceladas, migrantes sin papeles, campos de concentración de personas refugiadas, confinamientos de vendedores de “top manta”… Escenarios de destrucción en vida de muchas personas. Y, por supuesto, las muertes continúan en el mar y las muertes de personas mayores aparecen vinculadas a la privatización de las residencias, al vaciamiento de recursos de la sanidad pública, la reducción de número de camas o de respiradores.
Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no podemos aceptar que la eficacia económica sea el único criterio para legislar y valorar los servicios públicos. En la UE parece haberse instalado el cálculo económico frente a los derechos humanos: si no produces, no consumes, generas mucho gasto social… no sirves.
Por otro lado, las fronteras responden, al menos, a dos objetivos. Por un lado, actúan como muros ante la invasión de los que son considerados “bárbaros”, aunque estos sean personas de todas las edades que huyen de la guerra, la miseria, la violencia machista… Por otro lado, actúan como filtro de personas migrantes que son necesarias para cubrir las necesidades del mercado laboral europeo en sectores como la agricultura, los cuidados, la hostelería… Para ello, se toleran limbos jurídicos donde las personas trabajadoras están en situación irregular, ya que resultan muy funcionales al sistema como fórmula para provocar la guerra entre trabajadores y provocar una caída de los salarios.
En estos momentos, la pandemia saca a flote las contradicciones profundas de un sistema económico que necesita mano de obra en la agricultura alemana, francesa, española, y, por otro lado, maltrata y explota a migrantes en los invernaderos de Almería. Por eso, la regularización de las personas migrantes en una crisis sanitaria tan profunda resulta imprescindible.
El patriarcado también marca su propia impronta sobre los derechos humanos, y como apunta Amaia Pérez Orozco “la vida se resuelve mediante los trabajos que no existen, realizados en los ámbitos que no son económicos y por personas que no son sujetos políticos”. Es decir, el trabajo comunitario no valorado, el implementado en el interior de los hogares o los cuidados de las personas que los Estados no atienden, son algunos ejemplos de cómo se ignoran los elementos imprescindibles para el mantenimiento de la vida cotidiana.
Con la crisis del coronavirus se comprueba que trabajos considerados muy secundarios desde el poder político y económico, son esenciales para la vida cotidiana. Los cuidados, la limpieza, las empleadas de hogar, las trabajadoras de supermercados, son trabajos que llevan adelante mujeres y en muchos casos migrantes. También se constata que trabajos que desarrollan los miembros de los consejos de administración de empresas multinacionales no sirven al interés general. En cualquier caso, resulta imprescindible la regularización de miles de mujeres migrantes expulsadas de las relaciones laborales.
En la coyuntura que nos plantea el coronavirus, tenemos que potenciar y apoyar todas las iniciativas sociales y vecinales puestas en marcha desde abajo. Asumir que los balcones son el principio de una solidaridad que debemos mantener y potenciar en las fases posteriores del aislamiento. Solidaridad para defender los derechos de las mayorías y para impulsar experiencias autónomas de resistencia y cuidado colectivo. Y no podemos olvidar de ninguna manera que hay personas sin casas, sin balcones, que hay balcones muy pequeños y otros muy grandes. Tenemos que entender que la resistencia exige asumir responsabilidades individuales y colectivas.
Que se viene una disputa muy fuerte entre los de abajo y los de arriba, entre gobiernos cómplices de las políticas de austeridad y las mayorías sociales. Entre quienes consideran que de la crisis se sale entre todos y que eso requiere apretarse el cinturón, y entre quienes pensamos que se va a utilizar la crisis sanitaria para mantener y aumentar la riqueza de las élites. Viene una fase de confrontación, y habrá que transitar de las luchas obreras a las resistencias de las comunidades indígenas, y de los movimientos sociales como el ecologista y el feminista a la autogestión en las fábricas recuperadas.
Referencias
Chus Garcia (2020): entrevista a Juan Hernández Zubizarreta, La Marea
Juan Hernández Zubizarreta (2018): “Los derechos humanos “desde abajo”: un espacio en disputa”, El Salto https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/desde-abajo-espacio-disputa
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (2019): “Hacia un nuevo espacio neofascista global”, el Salto http://omal.info/spip.php?article8990
* Juan Hernández Zubizarreta, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
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